El cine, sin banderas, ha pasado muchas crisis en su historia: la crisis del sonoro, la del nacimiento de la televisión, la del color, la de los videos, la de los DVD, la de los home cinema y la actual, la del mundo de Internet y la facilidad para conseguir y/o compartir copias de las películas. El cine ha sido y será un arte narrativo y una industria de entretenimiento. Su dimensión de cultura e industria, siempre ha sido controvertida.
El cine que se produce en España no ha sido ajeno a todos estos vaivenes. Ahora nos enfrentamos a una clara reconversión de la industria dedicada a producir cine en este país. El cine se financia en España, mucho por obligación y un poquito por devoción. Casi todas las películas reciben dinero público (estatal, autonómico, municipal o de televisiones públicas). Lo que falta para su financiación se consigue de la inversión de otros canales privados de TV que están obligados por ley a invertir en cine patrio. Y por último, una parte, generalmente pequeña, de los presupuestos de las películas, viene de la inversión de las llamadas productoras independientes, que deben aportar fondos propios, o financiados. Normalmente, esta última parte, es la pequeña parte que podemos decir que financia cine por devoción (no exenta de intención de negocio, lógicamente).
La Ley del Cine, aprobada por unanimidad en el Parlamento Estatal en 2007, ha recorrido un tortuoso camino hasta concretarse en la actual Orden Ministerial que, para entendernos, es la concreción práctica, las reglas del juego, de las ayudas del Instituto del Cine y las Artes Audiovisuales, (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura.
Al director del ICAA, Ignasi Guardans, no se le puede negar el trabajo que ha supuesto reunirse recurrentemente con todas las voces de este sector. En la presentación pública de esta Orden Ministerial, el pasado 24 de octubre, Guardans se esforzó en presentar este reglamento como, unas nuevas reglas del juego justas, que pretenden un dificilísimo objetivo: objetivar la calidad de los proyectos cinematográficos que reciben ayudas del estado.
La objetividad y la independencia suelen ser problemas en buena parte económicos. El cine español, pierde independencia con esta nueva orden. Parece complicado que, a partir de ahora, se consiga sacar adelante una película que atente contra cualesquiera que sean los intereses económicos de los nuevos “señores del cine español”: las televisiones. Parece claro que, obligadas a invertir en cine por la Ley Audiovisual, los canales de TV han dado un golpe encima de la mesa, que les ha permitido rebajar su inversión en cine y tomar el mando de cuál va a ser ese cine. Para rematar la jugada, han conseguido que se puedan subvencionar las TV-movies (películas para televisión) que se pueden emitir en dos partes. Parece cercano el día en el que, películas dirigidas ha remover figuras polémicas de la prensa rosa, con la intención de generar una quincena de programación parásita, se emitan por canales privados con el logotipo del Ministerio de Cultura.
Como ciudadano, uno duda de que esa posibilidad sea honesta con los fines para los que tiene encomendado un presupuesto el Ministerio de Cultura. Como ciudadanos y como trabajadores de este sector, es una mala noticia que se hable de diversidad cultural cuando la consecuencia de la reordenación actual, será que “menos manos” se repartan el dinero público dedicado a fomentar la cinematografía. Poco oímos hablar de esto.
Sin embargo, ha sido casi un escándalo que de las 173 películas que se produjeron el año pasado en España, 34 de ellas no se estrenaran, otras muchas fueran un fiasco y sólo cinco se repartieran la casi totalidad del escaso 13 por ciento de la cuota de mercado que consiguió el cine español. Ojo, que entre esas cinco películas de éxito estuvieron Asterix en los juegos olímpicos, Che el argentino, Los crímenes de Oxford y Vicky Cristina Barcelona, todas ellas rodadas en idioma extranjero o por directores extranjeros. La quinta fue Mortadelo y Filemón. Sin duda, es anómalo que produzcamos 80 películas más que hace diez años y tenemos menos cuota de pantalla. Pero tampoco parece lógico decir que de esas 80 nuevas películas, todas sean malas.
El objetivo que se persigue con la nueva orden es que se produzcan menos películas pero de mayor calidad. Menos películas se van a producir, ya que se eleva a dos millones de euros de coste, el mínimo para presentar una película a las ayudas automáticas de amortización. Las películas de menor presupuesto, acudirán a la ventanilla B, donde habrá muchos proyectos y pocas ayudas. Por el contrario, se va a aumentar la cantidad máxima de dinero que puede recibir un proyecto. El mismo dinero (o incluso mas), mayor presupuesto, menos películas. Parece que desde el ICAA se apuesta por ese dogma que iguala “lo bueno” a “lo caro”. Todos sabemos que, no siempre es así y, en cine, mucho menos.
El ICAA instaura también un nuevo criterio de puntos a los proyectos. Esta puntuación la aplicarán varias comisiones de expertos. Se establece, también, que los proyectos sean anónimos en una primera fase de su valoración. El problema de estas comisiones, reside en que asumen una cantidad de trabajo ingente y una responsabilidad máxima, sin recibir una remuneración (más allá de cuotas, o dietas, casi simbólicas). Nuevamente, la objetivación de la calidad y la independencia se revelan como un problema económico.
Por lo tanto, produciremos menos películas para su estreno en cine, y nada nos puede asegurar que esas películas sean mejores y consigan mejorar la cuota de mercado. Esta afirmación, lógicamente, habrá que contrastarla con los datos de los próximos años pero es difícil de entender que Ignasi Guardans evite hablar de esta “cara b” de la polémica Orden Ministerial, aunque admita tímidamente en público, que no sabe si la Orden va a funcionar.
Y como efecto colateral, de esos en los que, a cierta altura, nunca se piensa, numerosos puestos de trabajo se irán al limbo y los salarios de mercado del cine español bajarán aún más, por la competencia entre nosotros mismos. Como ha ocurrido en las reconversiones que han sufrido trabajadores de otros sectores, los peor parados serán los trabajadores de cierta edad, que tendrán que decidir entre aceptar trabajos de menor calidad y remuneración o seguir parados (con graves riesgos para su jubilación).
Nos dice Ignasi Guardans, que en tiempos de crecimiento del audiovisual, pensar que el sector va a destruir empleo, es ser agorero. Sin embargo, la cinematografía española sí va a destruir empleo. Va a haber menos empleo y de peor calidad, porque trabajar para el cine es trabajar para el “producto audiovisual”, a priori de mayor calidad, ya que establece un código con el espectador de mayor responsabilidad (por ver cine se elige, se pagan 7 euros y se encierra uno a oscuras con una película).
Por el contrario, vamos a producir mucha más televisión. O eso parece. Hay que llenar todos esos canales de TDT ahora raquíticos. El reto en este campo está en que los creadores puedan desarrollar proyectos que eleven el nivel actual de la televisión. RTVE debería estar llamada a ejercer una labor esencial en este reto de crear televisión de primer nivel, pero se encuentra sumida en la incertidumbre de su nueva estructura de financiación.
Todo esto en el ámbito de un mercado laboral, el del cine y el audiovisual, condenado a la precariedad por un convenio firmado por la patronal (FAPAE) y los sindicatos UGT/CCOO a espaldas de los trabajadores y trabajadoras del sector, y que ha sido impugnado en la Audiencia Nacional por TACE.
De momento, la reconversión del cine español parece ya un hecho consumado. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos años. En tiempos de crisis se ha producido el mejor cine de la historia. El problema para quienes quieran hacerlo en este momento es ¿de dónde saldrá el dinero?
> Accede a la nota de prensa de TACEE tras el bloqueo de la Orden Ministerial por parte de Bruselas (22/11/09)
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