Paradójicamente la crisis generada por los mercados financieros y por los instrumentos especulativos de este mercado, ha traído como consecuencia la reforma del mercado laboral.

Es decir, quienes no han generado la crisis, los y las trabajadoras, están pagando los excesos de quienes han ganado ingentes cantidades de dinero gracias a las normas que permiten la especulación.

Por lo tanto, la reforma laboral aprobada recientemente por el Gobierno de España (RDL 10/2010) no afronta las causas de la crisis bancaria, financiera y de modelo de producción, sino que supuestamente pretende corregir alguna de sus consecuencias como es el brutal nivel de desempleo que sufrimos.

La lógica de la reforma es la siguiente: si las empresas tienen más facilidad para despedir y para cambiar las condiciones de trabajo de sus empleados, contratarán a más gente y se reducirá el desempleo.

Es decir, por el gobierno se han asumido las constantes reivindicaciones y argumentaciones de los empresarios, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central.

Por eso, la reforma del mercado de trabajo incide en aspectos como:

Frente a estas medidas, que siguen el dogma de la flexibilización de las relaciones laborales, únicamente hay tres medidas que suponen una mejora para éstos:

La reforma laboral aquí comentada, que ya es de aplicación, podrá ser modificada en el trámite parlamentario que probablemente termine en septiembre de este año. Además es previsible que antes del mes de agosto se presenten nuevas medidas de modificación de las pensiones de jubilación, en la misma medida de reducir las pensiones públicas e incentivar los planes de pensiones privados.

Todas estas reformas se mantienen en la línea ya comentada de flexibilizar las relaciones laborales. Esta flexibilización, sin embargo, únicamente se produce en la ampliación de los derechos de las empresas, sin contrapartida con un incremento de derechos de los trabajadores cuando a las empresas les vaya bien.

Es decir, se admite que las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas deberán adaptarse a las necesidades y conveniencias empresariales, reduciendo la eficacia de los convenios colectivos y de la negociación colectiva.

Esta reforma continúa la línea de reformas anteriores que suponen un cuestionamiento del propio derecho laboral. El derecho laboral, que se va desarrollando en nuestro país desde principios del siglo XX, había supuesto un avance importante en la justicia social en las relaciones laborales, en la medida en la que establecía unos derechos mínimos legales o convencionales que no podían ser cuestionados por las empresas. Se partía de que la negociación entre trabajadores y empresas era muy desigual, pues la empresa tenía una posición de fuerza inmensamente superior al trabajador (en manos de las empresas está contratar o no contratar, despedir, fijar la retribución, …). Por eso, si no existieran normas mínimas de obligado cumplimiento para las empresas, dejando la fijación de las condiciones laborales a la negociación empresa-trabajador, con toda seguridad volveríamos a situaciones salvajes en cuanto a jornada, horarios, retribución, etc.

Pues bien, esta reforma, unida a la cada vez menos garantista actuación de numerosos jueces, limita la fuerza vinculante del Estatuto de los Trabajadores, con un mayor margen de actuación a las empresas, y limita la fuerza vinculante de los Convenios Colectivos y de las condiciones más beneficiosas adquiridas por los trabajadores. En consecuencia, en la medida en la que la reforma parte de la filosofía de que las empresas han de poseer más instrumentos para decidir las condiciones laborales de sus trabajadores, supone un atentado tanto a la negociación colectiva, como a la esencia del derecho laboral del siglo XX.

Es por todo lo anterior por lo que aquellas personas que, como trabajadores o como abogados laboralistas, consideramos que la vida de las personas no puede hacerse depender de las voluntades empresariales de optimizar su beneficios, y pensamos que es necesaria una normativa legal y convencional que disminuya la desigualdad que se produce entre empresa y trabajador, debemos reaccionar contra esta reforma, pues no es cierto que no existan medidas alternativas. No debe cabernos duda alguna de que si esta reforma no tiene contestación, el encadenamiento de nuevos recortes en los derechos de los trabajadores seguirá imparable.